El exmandatario Manuel Merino de Lama se presentó este lunes ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para responder por la acusación del delito de homicidio contra Inti Sotelo y Bryan Pintado.
Durante su intervención, Merino cuestionó la acusación presentada por el Ministerio Público y la calificó de “penosa”, “lamentable” y “sesgada de perseguimiento político”.
“Lo primero que hemos hecho (cuando asumí la presidencia) es actuar de manera transparente, honesta y en defensa de todos los peruanos”, señaló Merino, quien luego aseguró que fue el exministro del Interior del Gobierno de Martín Vizcarra, César Gentille, quien abandonó el cargo.
Asimismo, sostuvo que el Ministerio Público no ha encontrado a los responsables directos del asesinato de Inti Sotelo y Jack Pintado, por lo que no se sabe si estos eran policías y se pierde la cadena de mando.
“El Ministerio Público no ha hecho una investigación como debía haberla hecho porque no ha llamado a la investigación para descubrir quienes mataron a estos dos jóvenes. No hay una absoluta persona de esos políticos que azuzaron las marchas en pandemia, que los haya llamado a declarar. Hay cámaras de videovigilancia y no hay ningún solo testimonio en el Ministerio Público”, acotó.
“La cadena de mando donde se me pretende hacer responsabilidad se rompe porque los delitos por homicidios, por lesiones leves o graves, no han podido justificarlas porque no saben quién mató al joven Sotelo o al joven Pintado. No lo saben porque no han hecho una investigación”, aseveró.
Además, aseguró que “no se ha demostrado que la Policía haya usado esas armas”, que usaban balas de plomo y de vidrio.
“Ha habido gente infiltrada, gente posiblemente pagada, gente interesada a que esta asunción legítima de Manuel Merino era ilegal y lo que es más triste, el día 15 que yo renuncio, ¿dónde estaba el Ministerio Público? Estaba en el aeropuerto internacional porque decían que el señor Merino se iba a fugar, porque ya habían dos muertos y porque los señores del Partido Morado decían que había 44 desaparecidos”, aseveró.
Merino de Lama cuestionó que haya nombrado a Inti Sotelo y Jack pintado como «Héroes del Bicentenario» debido a que, según él, fue parte de una campaña de presión política para forzar su renuncia.
Merino de Lama culpó a quienes promovieron la marcha contra su mandato y -según dijo- estas protestas causaron más contagios de la COVID-19 lo cual trajo la segunda ola de la pandemia.
“Las marchas originaron la segunda ola. (…) Es lamentable que el día de hoy, el Ministerio Público esté en una situación de desprestigio. A sus amigos todo, a sus enemigos la ley”, comentó.
Como se recuerda, durante las marchas en contra del mandato de Manuel Merino, los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado murieron a causa de la fuerte represión policial.
Tras ello, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una indagación preliminar contra el exmandatario Manuel Merino de Lama, el ex jefe del gabinete Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez.
A su turno, Antero Flores-Aráoz observó que en dicha oportunidad se dieron varias protestas en las calles incumpliendo la normatividad porque había una situación de emergencia nacional y emergencia sanitaria donde tenía que haber uso de mascarillas y distanciamiento social y no hubo.
Coincidió con Merino De Lama al señalar que hubo infiltrados en las movilizaciones y afirmó que se reunió con la Policía Nacional, pero descartó que tenga algún tipo de autoridad sobre ella.
Esperemos que alguno de los 4 abogados acreditados por Merino para ejercer su defensa, José Antonio Hidalgo Rodríguez, Juan Alejandro Olavarría Vivían, Juan Edilberto Sánchez Chiang, y Francisco Carlos Dios Chiroque, nos comenten cuál es la situación procesal de este caso.
DENUNCIA. Como se recuerda, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional contra Merino de Lama; el extitular del Gabinete Ministerial Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez.
La acusación se debió a las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, y las lesiones sufridas por 78 personas en las movilizaciones de noviembre del 2020. A los acusados se les imputa los delitos de homicidio, lesiones graves y leves a título de dolo eventual, en la modalidad de omisión impropia.
En la denuncia presentada ante el Congreso, la Fiscalía de la Nación señala que Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez incumplieron con su deber constitucional de proteger la vida y la integridad física de los participantes en las movilizaciones mencionadas.
Asimismo, se considera que no adoptaron medidas para controlar el uso de la fuerza policial, que terminó siendo desproporcionada. Esta omisión se dio -señala la Fiscalía- pese a contarse con información oficial referida a la intensificación de esas acciones.
Al respecto, se precisa que los denunciados habrían actuado con dolo eventual, pues desde que asumieron sus cargos conocían las manifestaciones sociales, ya que estas eran reportadas por los medios de comunicación.
