A casi un año del asesinato de Inti y Bryan durante las manifestaciones en contra de Manuel Merino De Lama, la congresista Susel Paredes presentó una denuncia constitucional contra el exparlamentario por asumir la Presidencia de la República en noviembre del 2020, tras la vacancia del entonces mandatario Martín Vizcarra.
En el documento enviado a la titular del Parlamento, María del Carmen Alva (Acción Popular), precisa que la acusación es por presunta infracción constitucional a los artículos 43, 45, 102 inciso 2, 113 inciso 2 y 117 por asumir “de manera ilegal” el máximo cargo del país.
También señala que el pedido de vacancia se sustentaba en la presunta comisión de delitos por diversos casos que aún estaban en fase de investigación por parte del Ministerio Público.
Así, Paredes consideró que según el artículo 117 de la Constitución Política, el mandatario solo puede ser acusado por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, legislativas, regionales o municipales.
Asimismo, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Carta Magna, así como por impedir su reunión o funcionamiento y los del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y otros organismos del sistema electoral.
Como se recuerda, el pasado 4 de octubre la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional contra Merino de Lama, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez, en su calidad de presidente de la República, primer ministro y ministro del Interior, respectivamente.
La medida se adoptó tras culminar las indagaciones preliminares sobre las movilizaciones sociales de noviembre de 2020, que provocaron la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, además de decenas de heridos con lesiones graves y leves.
Los ex altos funcionarios fueron denunciados como presuntos autores (por omisión impropia) de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves –a título de dolo eventual– por incumplir su deber constitucional y legal en el ejercicio de sus cargos como las más altas autoridades del país, de proteger la vida y la integridad física de los ciudadanos que participaron en las movilizaciones.
Del mismo modo, se les acusa de no haber adoptado medidas para controlar el uso desproporcionado de la fuerza policial, pese a que por las circunstancias en que venían desarrollándose y porque contaban con información oficial acerca de su tendencia a intensificarse, el resultado de la afectación a dichos bienes jurídicos era previsible.
CONGRESO DILATA DENUNCIA. El pasado lunes 8 de noviembre, a casi 3 meses desde que el nuevo Congreso inició funciones, se instaló la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Este grupo de trabajo, integrado por diecisiete congresistas y presidido por la parlamentaria de Alianza para el Progreso Rocío Torres Salinas, tiene la importante función de admitir la denuncia constitucional que la Fiscalía de la Nación presentó contra Manuel Merino, Antero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez por los presuntos delitos de homicidio y lesiones graves y leves.
La Fiscalía de la Nación presentó la acusación constitucional ante el Congreso el último 4 de octubre. Desde entonces, los familiares de Inti y Bryan y otros 80 ciudadanos heridos por la represión policial, durante las protestas contra el golpe parlamentario de Merino, esperan que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cumpla con su trabajo de admitir la denuncia.
Carlos Rivera, abogado de la familia de Inti Sotelo, explicó que las denuncias constitucionales contra Manuel Merino y sus exministros Antero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez tendrán una sentencia en el Poder Judicial solo si la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales concluye, mediante una investigación publicada en un informe final, que los acusados son responsables de los delitos que se les imputan.
El informe final deberá ser debatido por la Comisión Permanente, presidida por la congresista de Acción Popular María del Carmen Alva, quien defendió a Manuel Merino al decir que no fue autoritario durante los 6 días que se resistió a dejar el poder.
La acusación fiscal contra Merino y sus dos exministros deben seguir ese procedimiento, ya que estos ocupaban altos cargos públicos cuando ocurrieron los asesinatos de Inti y Bryan y las lesiones contra 80 ciudadanos. Así lo indica el artículo 99 de la Constitución de la República.
Durante la primera sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, solo se informó que existen 200 denuncias constitucionales pendientes de ser recibidas. Una de estas es la que presentó la Fiscalía de la Nación contra Merino, Flores Aráoz y Rodríguez. Pero aún no las admiten.
«Ahí hay un procedimiento que cuando el Congreso quiere es muy concreto y breve. Deben elegir a un miembro de esa subcomisión para que haga un informe que acuse o exculpe (a Merino, Flores Aráoz y Rodríguez). Eso todavía no ha ocurrido y sería lo primero que tendría que ocurrir (…). Si el Congreso quiere y tiene facultad de hacerlo, eso en realidad dura muy poco tiempo. Si el Congreso no quiere hacer las cosas, el tema va a ver una demora absolutamente injustificada», opinó.
En tanto, Ronald Gamarra, abogado de la familia de Bryan Pintado, aseguró que, si el Parlamento no aprueba la denuncia constitucional contra Merino y sus dos exministros, el «Ministerio Público estará atado de manos».
«En ese caso, habrá que esperar el transcurso de dos años para que se pueda iniciar la investigación sin pasar por el Congreso», afirmó.
Ayer, familiares de Inti y Bryan y las personas que quedaron heridas por la represión policial realizaron un plantón en el frontis del Congreso de la República para exigir que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admita la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación.
Hoy realizarán una manifestación pacífica en el centro de Lima con el fin de exigir justicia para Inti y Bryan, así como de todos los heridos que no reciben ayuda económica para solventar sus gastos médicos.
