La subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió la denuncia constitucional contra el ex presidente Manuel Merino, el ex premier Antero Flores-Aráoz y el ex ministro Gastón Rodríguez por el homicidio de Inti Sotelo y Bryan Pintado y lesiones graves a 78 personas, presentada por la Fiscalía de la Nación por la represión policial de las protestas de noviembre de 2020. Votaron en contra los congresistas de Fuerza Popular, Acción Popular y Renovación Popular.
La Comisión Permanente, a cargo de la presidenta del Congreso y parlamentaria de Acción Popular, María del Carmen Alva, deberá aprobar el plazo para que la subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final, que no debe ser mayor a 15 días hábiles y solo puede ser prorrogado por una vez, según lo establece el Reglamento del Congreso.
Los congresistas Martha Moyano y Ernesto Bustamante, de Fuerza Popular; Wilson Soto, de Acción Popular; y Alejandro Muñante, de Renovación Popular votaron en contra de que se admita la denuncia constitucional. El parlamentario Jorge Ancachi, de Acción Popular, se abstuvo de emitir su voto, y Hernando Guerra-García, de Fuerza Popular, no se pronunció, a pesar de que estuvo presente en la sesión. El único ausente fue el legislador Carlos Anderson, de Podemos Perú.
A favor de la denuncia contra los ex altos funcionarios votaron los congresistas Segundo Quiroz, Alfredo Pariona, Waldemar Cerrón, Paul Gutiérrez y María Taipe, de Perú LIbre; Rosío Torres y María Acuña, de Alianza para el Progreso; Alejandro Cavero, de Avanza País, Edgard Reymundo, de Juntos Por el Perú; y Héctor Valer, de Somos Perú-Partido Morado.
La denuncia constitucional contra Manuel Merino, que también incluye al ex presidente del Consejo de Ministros Antero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez permaneció encarpetada en el Congreso más de 50 días, desde que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, la presentó el 4 de octubre último. La investigación del Ministerio Público estaba detenida porque los tres altos ex funcionarios tienen derecho a un antejuicio político en el Parlamento.
Esta demora generó numerosos reclamos de los familiares de los jóvenes asesinados y de los manifestantes que resultaron heridos en las protesta contra el gobierno de Manuel Merino, así como de organizaciones civiles y personajes de la política peruana, pues ya pasó más de un año y aún no se ha iniciado el proceso judicial a los acusados de la violenta represión que ejercieron los agentes de la Policía Nacional del Perú.
FISCALÍA. La Fiscalía de la Nación considera a Manuel Merino, Antero Flores-Aráoz y Rodríguez como presuntos autores (por omisión impropia) del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio, en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado, y de lesiones graves y leves a 78 personas, durante la represión policial de las protestas realizadas entre el 9 y el 15 de noviembre de 2020. Por homicidio, la pena privativa de libertad es no menor de seis ni mayor de 20 años, mientras que por lesiones graves y leves es de tres a 20 años.
El sustento de la acusación fiscal incluye las declaraciones de ministros y funcionarios de Palacio de Gobierno, del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, del Congreso de la República, de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio del Interior. También, incorpora documentos oficiales, como los planes operativos de la PNP para contrarrestar las manifestaciones sociales, el registro de visitas al despacho presidencial, las actas fiscales y los certificados médicos sobre la situación de los fallecidos y heridos durante la represión policial.
La investigación preliminar de la Fiscalía de la Nación a Manuel Merino y sus ex ministros comenzó el 15 de noviembre de 2020 y se encuentra detenida a la espera de la decisión del Congreso. Al mismo tiempo, la Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima inició una investigación a los altos mandos de la Policía, la cual se encuentra en etapa preparatoria y deberá concluir, a más tardar, en mayo de 2022.
LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD. Familiares de Inti Sotelo y Bryan Pintado, asesinados durante la violenta represión policial de las protestas contra el gobierno de Manuel Merino, solicitaron al ministro del Interior, Avelino Guillen, que no permita que los 11 oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) acusados por el Ministerio Público sean exonerados de responsabilidad en la institución policial.
A un año de la muerte de los jóvenes, Killa Sotelo, hermana de Inti, solicitó a las autoridades del gobierno de Pedro Castillo que intervengan para que se haga justicia y estos crímenes no queden impunes, pues el Ministerio Público halló indicios de responsabilidad en los acusados.
«No tenemos clara la exculpación de estos policías, no hay mayor investigación sobre ello. Pedimos al ministro Avelino Guillen que nos explique cuál es la situación. Es una burla para la familia que se laven las manos y no asuman ninguna responsabilidad», dijo Killa Sotelo, al referirse a la información extraoficial que circula respecto a que la institución policial exoneró de culpa a los 11 oficiales.
Percy Pérez Shapiama, uno de los jóvenes lesionados y dirigente de la comisión de heridos del 10 al 14 de noviembre, recordó que no han recibido ni un sol del Estado, por lo que están pidiendo reparaciones económicas inmediatas para solventar los gastos médicos y otras necesidades básicas que ya no pueden cubrir. «Pedimos actos de justicia, reparación y no repetición. Aún no vemos nada de eso hasta ahora», dijo.
El domingo 14 de noviembre se cumplió un año de la muerte de Inti y Bryan. Por ello, sus familiares y los jóvenes heridos por la Policía realizaron el viernes 12 de noviembre un plantón frente al Congreso de la República y, el sábado 13, llevaron a cabo una movilización hacia la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima.
