La Fiscalía está tras los pasos de las congresistas María Cordero (Fuerza Popular) y Heidy Juárez (Podemos) por haber recortado -irregularmente- el sueldo a sus propios trabajadores del Parlamento.
El viernes por la noche se dio aviso en un comunicado que inició una investigación preliminar a la congresista tumbesina por estas actividades ilícitas. Se le imputó ser autora del delito de concusión por supuestos cobros irregulares que se habrían realizado al personal de confianza.
En el texto comunicado, además, que dicha pesquisa también apareció a Braden Alexander Paredes Calla, el técnico de archivos del Congreso de la República, como presunto cómplice de la legisladora.
El inicio de esa indagación fue informada sorpresivamente, pues en la semana no hubo denuncia alguna que señalara a la fujimorista. Todo indicaría que ella fue denunciada anónimamente.
Otra más. Por la tarde, la Fiscalía también informó el inicio de nueva pesquisa a la parlamentaria Heidy Juárez. Al igual que Cordero, a dicha legisladora se le imputó el delito de concusión, es decir, haber usado su cargo para exigir el pago de una contribución a su favor.
En su caso, previamente, hubo denuncias periodísticas que la acusaban de cobros a sus trabajadores, quienes habían sido obligados a pagar grandes cantidades de dinero de hasta mil soles mensuales a Miguel Chafloque, asesor de Juárez, bajo la excusa de “apoyar labores sociales” de la parlamentaria.
Al final, fueron cuatro los trabajadores que acusaron a la parlamentaria.
Horas previas la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales informó que ingresó a la mesa de trabajo una denuncia contra Juárez.
Con ellas, son cinco las mujeres congresistas que están involucradas en el recorte de sueldo de trabajadores parlamentarios. Ellas son Katy Ugarte (No agrupado), Magaly Ruiz (APP), Rosío Torres (APP), Heidy Juárez y ahora María Cordero (FP).
La indagación se abrió preliminarmente ayer bajo el presunto delito de concusión. Con ellas, el Congreso ya tiene cinco legisladoras involucradas por recortes salariales.
LA CHINA PODRÍA IR A LA CÁRCEL. Expertos indicaron cuánto tiempo de cárcel podría enfrentar algún parlamentario acusado por abusar de su poder y realizar cobros irregulares a sus trabajadores, como es el caso de María Cordero Jon Tay.
La abogada penalista Liliana Calderón, indicó que «el delito de concusión va de 2 a 8 años de prisión» , afirmación que coincidió con su colega Andy Carrión también coincidió con su colega. En consecuencia, la parlamentaria por la región Tumbes, Cordero Jon-Tay podría enfrentarse a una pena máxima de 8 años.
MÁS INVESTIGACIONES EN SU CONTRA. A María Cordero Jon Tay, también se le viene investigando por ser presuntamente parte de un grupo de parlamentarios que hacían de “topos” del expresidente golpista Pedro Castillo Terrones.
La popular China Cordero también tendrá que dar sus descargos frente a una tesis fiscal que le sigue los pasos quienes estuvieron involucrados en una presunta red criminal liderada por Pedro Castillo para atentar contra la vida de los que consideraba sus enemigos, la fiscal Patricia Benavides, el coronel Harvey Colchado y otros miembros del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción.
La bancada de Fuerza Popular se ha caracterizado por tener una férrea oposición a la gestión del expresidente y una votación en bloque durante los plenos. Sin embargo, la reciente revelación de que el congresista Luis Cordero Jon Tay estaría implicado en la trama de la compra de equipos, para espiar a los opositores del golpista Castillo, pone en la mira a otros integrantes.
Hasta el momento se habrían identificado al menos cinco parlamentarios que podrían ser considerados topos en la bancada naranja. Ellos serían Luis y María Cordero Jon Tay, Raúl Huamán Coronado, Cruz María Zeta Chunga y Jeny López Morales.
