La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, amplió hasta por ocho meses el plazo de la investigación preliminar seguida a la presidenta Dina Boluarte, el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, y otros por la muerte de ciudadanos y heridos durante las movilizaciones sociales de diciembre del 2022 y enero de 2023.
Benavides Vargas adoptó esta medida para que se puedan realizar varios actos de investigación que están pendientes, a fin de establecer las responsabilidades del caso.
En ese sentido, la titular del Ministerio Público dispuso que durante este periodo se reciban las declaraciones en calidad de testigos de la Ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi Diaz, los titulares de las carteras de Economía y Finanzas, Álex Contreras Miranda y de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini Montes, así como también los exministros Luis Alfonso Adrianzen (Trabajo), Óscar Becerra (Educación), Rosa Gutiérrez (Salud), Paola Lazarte (Transportes y Comunicaciones) y Nelly Paredes (Desarrollo Agrario).
La magistrada también determinó que se amplíe la declaración en calidad de testigo del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torres y se reprogramen las citaciones para que declaren como testigos 34 personas entre las que se encuentran el Comandante General de la Policía Nacional, Jorge Luis Angulo Tejada, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Roger Arista Perea, su antecesor en el cargo Juan Carlos Liendo O Connor, jefes policiales y exautoridades regionales, entre otros.
