En los últimos cinco años, 27 funcionarios y servidores públicos de los ministerios de Agricultura, Salud y Vivienda han sido identificados por la Contraloría General de la República debido a su presunta responsabilidad penal en la irregular contratación y ejecución de seis obras valorizadas en más de 100 millones de soles, para restituir la infraestructura física dañada y destruida por el fenómeno El Niño o prevenir inundaciones por lluvias intensas, en Tumbes, Piura y Lambayeque.
Desde puestos claves en tres ministerios, este grupo de trabajadores tomó decisiones que favorecieron a cinco consorcios y una empresa: Contratándolas a pesar de que no cumplían los requisitos para realizar las obras, no aplicándoles sanciones por incumplimientos o demoras, autorizando pagos por servicios y trabajos no ejecutados, entre otras acciones que han causado un perjuicio económico al Estado por más de 14 millones de soles, de acuerdo con los informes de la Contraloría.
Estas personas forman parte de un grupo de 605 funcionarios y servidores públicos de entidades del gobierno nacional, regional y local, a quienes la Contraloría les atribuye actos de corrupción en la contratación, ejecución y supervisión de obras de reparación y prevención por las lluvias intensas en el Perú. Dichas entidades recibieron financiamiento de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios para construir o rehabilitar diversos tipos de infraestructura en los sectores de salud, agricultura, educación, saneamiento y transportes en 13 regiones afectadas por el fenómeno El Niño, en 2017.
Once de las 12 empresas favorecidas por las acciones de estos trabajadores públicos son peruanas y cuentan con un historial de sanciones impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado, como la inhabilitación o suspensión temporal para contratar con el sector público, por diversas irregularidades, entre las que destacan la presentación de documentos falsos, la entrega de información inexacta y el incumplimiento de contratos. Una compañía es de Ecuador y, según informes de la Contraloría, fue seleccionada a pesar de que no pudo acreditar que tenía experiencia en obras de gran envergadura.
Las revelaciones sobre el accionar de estos funcionarios públicos que ocasionaron un millonario perjuicio económico al Estado y que favorecieron a empresas privadas, forman parte de una nueva serie investigativa del proyecto colaborativo Periodistas en Red, liderado por Convoca.pe. Para ello, nuestro equipo elaboró una base de datos y cruzó información de la Contraloría General de la República, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, el Ministerio Público, las entidades públicas afectadas y diversas fuentes.
TUMBES. En febrero de 2020, el Ministerio de Agricultura y Riego, a través del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (PEBPT), inició la obra de protección contra inundaciones en las localidades de La Palma-Canario II, de la margen izquierda del río Zarumilla. La construcción de 8 mil metros de diques debía beneficiar a más de 6 mil pobladores de los distritos de Papayal y Aguas Verdes, en la provincia tumbesina de Zarumilla.
De acuerdo con el informe de la Contraloría N° 9974-2020-CG/GRTB-SCE, el Proyecto Puyango Tumbes otorgó indebidamente la buena pro por 60 millones 987 mil 075,69 soles (Más de 16 millones de dólares) al Consorcio Constructor Puyango, integrado por Inversiones Oberti SRL y Ecuatoriana de Servicios Inmobiliaria y Construcción ESEICO SA Sucursal Perú, pese a que no acreditó experiencia en obras similares ni que contaba con el personal clave.
Los funcionarios con presunta responsabilidad penal, según la Contraloría, son Francisco Luis Alberto Escobar Feijoo, Carlos Arturo Ruiz Ventura y Carl Fernando Temoche Benites. Los tres trabajadores calificaron favorablemente la documentación del postor, a pesar de que no cumplía las exigencias de las bases, como acreditar su experiencia en obras similares.
Estos tres profesionales continúan trabajando en el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, según informó dicha entidad a este medio. Por esta obra, les inició procedimiento administrativo disciplinario y pidió su destitución, en 2021, pero el entonces director ejecutivo, Manuel Trinidad Leiva Castillo, anuló este proceso, con el argumento de que la falta no fue precalificada correctamente.
Francisco Luis Alberto Escobar Feijoo tiene cinco procesos en el Juzgado de Investigación Preparatoria, con sede en Tumbes, por los presuntos delitos de colusión agravada, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. En estos casos, iniciados entre 2016 y 2022, cuatro tienen como agraviado al Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes y uno a la Universidad Nacional de Tumbes.
La obra de protección contra inundaciones en las localidades de La Palma-Canario II fue terminada y recepcionada en 2021. Este año, debido al desborde del río Zarumilla por las intensas precipitaciones, el Proyecto Puyango Tumbes informó que activó la póliza del seguro de las obras civiles terminadas.
Sin embargo, dicha entidad aclaró que el baden Uña de gato, construido por la empresa Oberti y que colapsó por tercera vez, no forma parte de la obra asegurada. Advirtió que esta infraestructura obstaculiza el flujo normal del río Zarumilla y que se debe construir un puente, obra que está a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
Los efectos de las inusuales lluvias intensas de este año han puesto en evidencia, una vez más, las consecuencias del mal manejo de los fondos públicos que debían usarse para una verdadera reconstrucción con cambios. A nivel nacional, en Convoca.pe seguimos el rastro de los 27 funcionarios con presunta responsabilidad penal. En el ámbito regional hay 75 servidores públicos involucrados en actos de corrupción por el mismo número de obras, mientras que a nivel local son 503 los implicados.27 funcionarios de tres ministerios son investigados por obras de reconstrucción que costaron más de s/ 100 millones
