Legisladores con procesos penales en trámite o que hayan sido sancionados por la Comisión de Ética estarán prohibidos de integrar la mesa directiva del Parlamento, ser propuestos para cargo directivo del cuadro de comisiones y participar de viaje oficial al exterior en representación del Parlamento, según un proyecto de resolución legislativa presentado por el congresista Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso).
En el caso de los congresistas sancionados por la Comisión de Ética Parlamentaria, la propuesta legislativa precisa que dicha sanción acarreará su inelegibilidad para ser miembro de este grupo de trabajo especial.
El proyecto de resolución legislativa modifica los artículos 20°y 34° del Reglamento del Congreso con el objeto de fortalecer la idoneidad e institucionalidad parlamentaria de los integrantes a la mesa directiva, cargos directivos del cuadro de comisiones y representación oficial en el exterior.
En esa línea, la iniciativa busca la designación de parlamentarios idóneos que no tengan sanciones previas o cuestionamientos los cuales puedan ocasionar suspicacias ante la ciudadanía, y por consiguiente, mellar la imagen y prestigio del Congreso de la República.
En la exposición de motivos, el proyecto de resolución legislativa menciona un estudio de opinión pública de julio del presente año, el cual arrojó como resultado la baja aprobación del Congreso y su alto rechazo por parte de la ciudadanía (desaprobación del 86% y solo una aprobación del 9%.1).
Al respecto, se indica que si bien los principales responsables de filtrar a las personas que participan y militan en sus agrupaciones son los partidos políticos, una vez electos como parlamentarios es deber del Congreso de la República establecer criterios y reglas mínimas que eviten cualquier objeción de idoneidad, integridad o independencia para el cargo.
Se enfatiza que evitar cualquier cuestionamiento es fundamental si un legislador aspira a tener un cargo directivo dentro de algún órgano sancionador como lo es la Comisión de Ética Parlamentaria, la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, o en su defecto, busque ostentar y representar el cargo más importante como es el de presidente del Congreso.
El texto observa que bancadas hayan propuesto a legisladores sancionados por la Comisión de Ética para integrar este grupo de trabajo o a congresistas sancionados por el pleno para presidir una comisión ordinaria, por ello se subraya que es imperativo establecer requisitos mínimos para acceder a cargos directivos o ser parte de comisiones especiales.
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