El Gobierno autorizó este martes la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Lima y Callao para «asegurar el control y el mantenimiento del orden interno» y la ejecución de operaciones policiales durante 30 días calendario, según una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano.
La medida responde a una solicitud de la PNP debido al «incremento significativo» en los índices de la delincuencia común y organizada en las jurisdicciones mencionadas. Según el pedido de la Policía en Lima y Callao, se registra un aumento de las actividades de organizaciones delictivas «que ponen en peligro la integridad física de la ciudadanos».
Ante esta situación, diferentes congresistas, autoridades y personalidades políticas han expresado sus puntos de vista, al igual que la población en general. Esta medida ha desatado gran polémica y sobretodo se pide mayor detalle sobre cómo se realizará esta labor cooperativa.
EN CONTRA. El congresista de la república por Tumbes, Héctor Ventura, en dialogo con Hechicera manifestó su postura en contra de esta medida del gobierno central por considerar que las Fuerzas Armadas están entrenadas para los conflictos bélicos y no se han capacitado para esta labor que se le ha asignado.
“Su naturaleza no es esa, por eso en el 2016 no ha dado buenos resultados, solo estuvieron unos meses y se crearon más conflictos sociales de los que ya teníamos. Esta medida es desproporcional”, señaló.
Ventura calificó al actual gobierno de Pedro Castillo como incapaz e improvisado. “Una vez más el gobierno está demostrando incapacidad de gestión, desconocimiento en afianzar políticas públicas a favor de la ciudadanía”, acotó.
En su cuenta de Twitter, el congresista Hector Ventura calificó de incoherente el compromiso de gobernabilidad que pregona Pedro Castillo, durante la entrevista telefónica que realizó este medio, no solo se reafirmó en lo dicho sino que calificó al mandatario de manejar un doble discurso.
“Es una forma de ningunear la labor que realizan nuestra valerosa Policía Nacional, en pocas palabras le estamos diciendo que no tienen la capacidad para poder contrarrestar estos actos negativos y poniendo ‘al guerrazo’ a nuestras Fuerzas Armadas”, expresó.
A FAVOR. El gerente de seguridad ciudadana de la provincia de Tumbes, Marco Gandarillas, dijo estar a favor de que las Fuerzas Armadas ayuden a luchar contra la inseguridad pero lamentó que no se tengan claras las cosas hasta el momento.
“Justamente crucé información con Lima para saber el porqué de esa resolución, si bien en este caso saldrán en apoyo a la Policía Nacional, se tiene que definir bien en qué circunstancias. He escuchado al Ministro de Defensa que tampoco lo tiene claro”, indicó.
Si bien este trabajo cooperativo de la Policía y las Fuerzas Armadas es solo para Lima y Callao, esta medida podría expandirse a las regiones. Gandarillas analizando ese escenario, señala que el accionar debería estar bien planificado antes de una posible intervención.
“Ninguna comisaría de aquí trabaja con el Mapa del Delito, por lo que no tienen idea de la zona horaria y lugares donde se cometen los delitos, para saber qué estrategias voy a tomar para en este caso intervenir con el ejército”, precisó.
Marcos Gandarillas dijo que si se establece en nuestra región este trabajo en conjunto se podría intervenir en sitios donde la policía por si sola acciona. “Hay zonas que son puntos de droga y ya se conoce pero lamentablemente la policía no interviene quizá por falta de logística pero con el Ejército podría accionarse con un trabajo de cobertura, porque ellos no intervienen”, aseveró.
CONGRESO. El congresista Jorge Montoya, almirante en retiro, se mostró en contra de esta disposición al considerar que «las Fuerzas Armadas no están para cuidar el orden interno, salvo que hayan situaciones que desborden a la capacidad logística de la Policía».
«Acá es una orden abierta para reemplazar a la Policía en los puestos de control que tienen, que no son muchos, y suena extraña. Hay algo que seguramente todavía no sabemos y puede aparecer. Lo que ha pasado con la inseguridad ciudadana es la incapacidad de los gestores de la misma, no de la Policía», indicó.
«La Policía tiene la cantidad de gente suficiente como para poder cubrir el área, son el doble que las Fuerzas Armadas. Estamos viendo un enfoque equivocado. La seguridad ciudadana es responsabilidad del Ministerio del Interior, pero esa incapacidad es la que nos tiene en esta situación», agregó.
A su turno, el congresista José Cueto, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, expresó su preocupación por esta disposición, pese a que se encuentra dentro de lo que permite la Constitución. Para el también legislador de Renovación Popular, el Poder Ejecutivo tendrá que explicar los alcances de esta medida para evitar resultados negativos.
«Es preocupante que salga en estos momentos. Por lo menos legal es, la Constitución lo ampara, el tema está si es oportuno. Sé que hay mucha inseguridad, sobre todo en el área del Callao, hay inseguridad en todo Lima, pero también creo que los grandes problemas están fuera del área de Lima y Callao, básicamente en el sur, con las mineras, donde ahí debería estarse trabajando la protección», opinó.
CALLAO. El especialista en crimen organizado, seguridad ciudadana y estudios policiales, Nicolás Zevallos, recordó que un reciente informe del INEI demostraba que la victimización en el país no ha variado de manera significativa; no obstante, precisó que resulta evidente un incremento en el «crimen violento» y del crimen organizado.
«Lo que estamos viendo en Lima y Callao es la expansión de bandas criminales, de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, a la extorsión. No hay que separar el asunto económico con el de seguridad porque son los emprendedores los que requieren seguridad, más en este contexto de reactivación económica», indicó.
RESPETO A DERECHOS FUNDAMENTALES. La participación de las FF.AA. «está dirigida a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, al adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada, facilitando de este modo que los efectivos de la Policía Nacional del Perú concentren su accionar en el control del orden interno y la interacción con la población».
«La intervención de las Fuerzas Armadas, conforme a la presente Resolución Suprema, no implica en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte», indica la resolución suprema.
MEDIDA MAL SUSTENTADA. La exministra de Defensa Nuria Esparch se pronunció sobre la resolución que autoriza el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, y señaló que si bien no es inconstitucional, está mal sustentada y no explica los alcances de su aplicación.
La exfuncionaria refirió que la norma «adolece de una serie de problemas que generan que tengamos todos un poco de miedo respecto de qué significa esta autorización».
En primer lugar, señaló que los militares no cuentan con entrenamiento para hacer control de multitudes, sino para «enfrentar enemigos», además «no tienen armamentos para disuadir ciudadanos, todo es de ataque, tienen armas de largo alcance».
«Muchos creen que las Fuerzas Armadas pueden salir a patrullar, pero eso no tiene mayor argumento, no tiene manera de sostenerse porque no están entrenadas para controlar ciudadanos», enfatizó.
