Un total de S/ 127’426,763 adeudan 28 instituciones públicas de Tumbes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en perjuicio de sus trabajadores y extrabajadores. Esta alarmante cifra fue descubierta por la Contraloría General de la República (CGR) en el desarrollo del Mega Operativo de Control en el departamento de frontera.
La Dirección Regional de Educación (DRE) es el ente que más debe y alcanza los S/ 54’134,396 y le sigue, a modo de ranking de los más deudores, el Hospital Regional de Tumbes (HRT) con S/ 48’492,081. Estas cifras son impagables por ambas entidades.
El cuestionado Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (PBEPT) le debe a las AFP’s S/ 3’267,692 y hasta la misma sede central de Gobierno Regional de Tumbes (GRT) tiene un déficit de S/ 2’226,736. Los funcionarios del sector de Agricultura “omitieron” cumplir con las obligaciones y eso ha generado que la deuda se incremente a S/ 3’991,770.
En el sector educación, los administrativos y miles de docentes han sido perjudicados y, por lo tanto, la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de Tumbes adeuda S/ 2’606,958 y la de Contralmirante Villar tiene un débito de S/ 1’061,542.
Las municipalidades no se quedan atrás y la Contraloría identificó presuntas irregularidades en el pago de las pensiones pese a que la entidad descontó el debido porcentaje de las planillas de los trabajadores y ex trabajadores. La municipalidad de Tumbes aqueja una deuda de S/ 957,017, de la Zarumilla S/ 894,823 y la de Contralmirante Villar S/ 1’021,312.
Otras diez entidades (UGEL Zarumilla, Municipalidad Distrital de San Jacinto, Municipalidad Distrital Canoas de Punta Sal, Municipalidad Distrital de Casitas, Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones Tumbes, Municipalidad Distrital de Corrales, Municipalidad Distrital De La Cruz, Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen, Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital y Municipalidad Distrital de Matapalo), suman deudas por S/ 552 380.
La Contraloría determinó que a pesar del descuento del 10% realizado periódicamente a las remuneraciones de los empleados por parte de las entidades en las cuales laboran, no se han incorporado las prestaciones previsionales u otros beneficios que les corresponden a sus respectivas Cuentas Individuales de Capitalización (CIC).
El incumplimiento en el pago de los aportes previsionales impide que el afiliado tenga asegurado su bienestar y el de su familia en caso de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, en caso de fallecer. Además, podría haber visto afectado el retiro de hasta el 100% de su fondo acumulado durante la pandemia para aliviar su economía familiar por los efectos negativos generados por la inmovilización social.
Ello conllevaría a que las instituciones afronten posibles procesos judiciales, y sean pasibles de sanción pecuniaria por las entidades fiscalizadoras, en perjuicio de los fondos públicos.
