Superamos los 425 días de pandemia y lo más cierto de todo es que el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de mascarillas son lo más efectivo para evitar el contagio del COVID19, porque la vacuna no evita el contagio, solo reduce los efectos que produce el virus en el cuerpo y, por supuesto, con ello el riesgo de muerte.
A la fecha el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno e instituciones, ha producido mucho más de 3,500 normas, de las cuales mínimamente un tercio suponen medidas o algún aspecto relacionado al COVID19. Las más importantes de estas medidas, qué duda cabe, han sido las vinculadas a las acciones en materia de salud y seguridad, en respuesta a la crisis. Porque esta enfermedad llegó y no estábamos preparados, generando mucho miedo afectando la capacidad operativa de todas las instituciones, públicas y privadas.
En el caso del sector privado, se sabe que la mayoría de empresas se vio seriamente afectada, sobretodo por la falta de capacidad financiera, y los altos costos que suponía no solamente dejar de operar, sino también reiniciar operaciones considerando, sobretodo, la adopción de las medidas específicas que están obligadas a cumplir. Y para ellos la fiscalización ha sido bastante intensa.
Sin embargo, por el lado de las instituciones públicas la cosa ha sido más compleja. El Estado peruano no puede parar, no puede dejar de operar, sobretodo a nivel de los servicios públicos básicos. Entonces también hubieron medidas extraordinarias para mantenerlo operativo asegurando la salud de los servidores y funcionarios. Pero, ¿se está fiscalizando el cumplimiento de estas medidas en las instituciones públicas?
Hay que recordarle a las autoridades, sobretodo a las de los niveles regional, provincial y distrital, que la ley los obliga, por ejemplo, y en primerísimo orden, a conformar su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo con la participación de los trabajadores. También a proporcionar los equipos de protección personal (EPPs), sobretodo en esta pandemia (mascarillas) a implementar lavaderos de manos, entregar alcohol, tomar la temperatura al ingreso y al finalizar la jornada laboral.
No obstante, las medidas más importantes están relacionadas con el recurso humano y la disposición del mismo ante el riesgo de contagio. Por tal razón, se estableció un criterio específico para decidir quiénes debían y quienes no realizar trabajo presencial, además de la implementación del trabajo remoto, en todo el Estado. Pero ¿se está cumpliendo con ello? Es decir, ¿están yendo a trabajar quienes deberían ir a trabajar?; ¿están recibiendo EPPs para evitar el contagio?
