Desde el 8 de febrero, día en que asumió el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea Choquechambi ha firmado 44 nuevos nombramientos. EL portal web El FOCO revisó el pasado de las personas que Zea ha colocado en puestos claves dentro de la institución y encontró a personas investigadas por corrupción, con denuncias policiales y deudas coactivas, estos cuestionamientos llegan también hasta nuestra región.
Pero primero veamos a Felicísimo Antúnez Antúnez, viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego. En 2017, la prensa de Áncash reportó que el ahora viceministro fue denunciado ante el Ministerio Público por apropiación ilícita y fraude, por presuntamente haberse apropiado de más de S/ 97 mil soles del Fondo Magistral Social (FOSMAG), de la cual Antúnez era el gerente general. Dos años después, en junio de 2019, Antúnez fue denunciado en la comisaría de Carhuaz, en Huaraz, por ejercer ilegalmente su profesión.
Otro caso es el de Paul Jaimes Blanco, secretario general del Midagri. En agosto de 2010, Jaimes fue denunciado en la comisaría del Rímac por su hermana por agresión física y verbalmente en la vía pública. Jaimes también fue denunciado por Hilda Graciela Angulo, luego de que la amenazara con un arma de fuego, en diciembre de 2016.
A la lista se suma Ítalo Díaz Horna, asesor de alta dirección del Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria desde el 15 de febrero. Díaz tiene una denuncia en el Ministerio Público por lavado de activos en perjuicio del Estado, y viene siendo investigado por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos.
Edgar Sosa Rojas, director general de Gestión Territorial y director ejecutivo del Proyecto Especial Sierra Centro Sur desde el 4 de marzo del Midagri, también está involucrado en escándalos. En febrero de 2018, su cuñada Luisa Oliva Sernaque lo denunció junto a su hermano Magno Sosa Rojas por agredir física y psicológicamente, según se consignó en un acta policial levantada en la comisaría de Huamanga, Ayacucho.
Roberto Puyó Valladares, el recién designado gerente general de la Autoridad Nacional del Agua, tuvo una gestión cuestionada cuando trabajó como Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información de la Sunedu. En 2018, autorizó la compra de servidores blade y licencias de virtualización de software a la empresa Goals S.A. Sin embargo, luego el órgano de control de la Sunedu determinó que los equipos adquiridos no cumplían con los requisitos mínimos y, además, la empresa había incumplido los plazos de entrega establecidos. Las decisiones de Puyo generaron un perjuicio a la institución de S/ 3.2 millones.
Edwin Rigoberto Coico Monroy, el nuevo director general de Políticas Agrarias desde el 4 de marzo, es un cuestionado exfuncionario del Ministerio de Cultura. En octubre del año pasado, cuando fue designado como director de la BNP, la Contraloría detectó que no cumplía con los requisitos mínimos para ejercer el cargo.
Coico Monroy también fue designado como secretario general del Mincul durante la gestión de Ciro Gálvez. Durante el tiempo que ocupó el cargo, medios periodísticos denunciaron que fue responsable de ocultar resoluciones, retrasar designaciones y favorecer a sus allegados en puestos claves del ministerio.
Julio Carcausto Ñaupa, designado el 28 de febrero director ejecutivo del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca , es un médico veterinario que, según la página del Colegio de Veterinarios del Perú, está inhabilitado para ejercer su profesión. En la Sunat, Carcausto Ñaupa, tiene acumula una deuda coactiva en perjuicio del tesoro público por S/ 19 594.
LAS JOYITAS DEL NUEVO DIRECTOR DEL PEBPT. El recientemente designado como director ejecutivo del Proyecto Binacional Puyango-Tumbes, Juan Farías Barreto, ya ha trabajado antes en este órgano del Midagri.
En 2019, fue el presidente del comité de selección y adjudicación y, durante su gestión, la Contraloría detectó irregularidades en la adquisición de fertilizantes y agroquímicos destinados al centro experimental del proyecto. El Consorcio Tumpis, el proveedor contratado, presentó documentación inexacta y no pudieron certificar que cumplieran los requisitos mínimos. Pese a ello, Farías les otorgó la buena pro, generando un perjuicio al Estado de S/ 108 mil, según la Contraloría.
La Contraloría emitió un informe sobre la Adjudicación Simplificada N ° 006-2019- MINAGRI- PEBPT, “Adquisición de fertilizantes y agroquímicos para los diferentes cultivos (Palto, Vid, Mango, Banano y cítricos) del Centro Experimental Tumpis”, allí menciona que el Comité de selección que presidía Farías Barreto otorgó la Buena Pro al postor que no cumplió con acreditar los requisitos de admisión, los requisitos de calificación y que presentó documentación inexacta; además, de la aprobación de una ampliación de plazo cuando no le correspondía y sustentada con documentación inexacta; incluso, se aprobó deductivo sin contar con la Resolución del Titular de la Entidad, ni con sustento del área usuaria.}
Asimismo, se recepcionaron bienes fuera de plazo, se otorgó la conformidad y se devolvió la garantía de fiel cumplimiento, sin gestionar los incumplimientos contractuales; situación que afectó el cumplimiento del objeto de la convocatoria; asimismo, se imposibilitó a la entidad aplicar las penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución de la prestación; además, afectando la legalidad, igualdad de trato, transparencia, competencia, eficacia y eficiencia, que deben regir las actividades de la administración pública.
El hecho irregular habría sido consentido en su momento por el director del PEBPT, por lo que la Contraloría determinó que tendría responsabilidad civil y penal.
Esta no sería la única irregularidad en la que estuvo involucrado el flamante director del proyecto Puyango-Tumbes. Como jefe del centro experimental del proyecto, contrató al consorcio ESVIF para el mantenimiento del banco de cítricos, por S/ 128 mil. Sin embargo, nunca comunicó que la empresa contratada no realizó el servicio.
En el informe de Contraloría 003-2017-2-3414, “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MANTENIMIENTO DE CITRICOS Y VID EN EL CENTRO EXPERIMENTAL TUMPIS”, por un S/ 482,570.16, señala que la entidad pagó partidas no ejecutadas en el servicio «mantenimiento de 3.32 ha con tres variedades de cultivo de vid, en sistema de conducción open gable y sistema de riego a goteo en el centro experimental Tumpis» lo que generó un perjuicio económico de S/128 340,50.
Juan Edgardo Farías Barreto, quien era en aquel entonces jefe del Centro Experimental Tumpis dio conformidad de las valorizaciones sin advertir que el contratista incumplió la ejecución de partidas establecidas en el expediente.
También se detalla en el informe que se tenía un deficiente manejo agroeconómico en los productos críticos del Centro Experimental Tumpis, lo que originó que se afecte la calidad de la producción y se ponga en riesgo todos los productos cultivados.